La Justicia Federal desplaza al fuero del trabajo y definirá el futuro de la reforma laboral

La batalla judicial por la Ley de Modernización Laboral 27.802 dió un nuevo giro que impacta de lleno en la estrategia judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT) y beneficia la postura del Gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió el conflicto de competencia que mantenía paralizada la discusión de fondo, determinando que será este fuero, y no el laboral, el encargado de analizar la constitucionalidad de la reforma.

El fallo de la Sala IV no solo reubica el expediente, sino que marca la cancha respecto a cómo se deben tramitar las causas donde el Estado Nacional es parte. Los jueces fundamentaron que la materia en debate excede lo estrictamente laboral para entrar en el terreno del derecho administrativo y las facultades del Congreso Nacional.

Críticas por la «deformación» del proceso

Uno de los aspectos más importantes de la resolución fue el reproche directo al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. La Cámara calificó de «irregular» el trámite aplicado por el magistrado de primera instancia, Raúl Horacio Ojeda, quien tras rechazar el pedido del Estado para inhibirse, envió el legajo a la Cámara del Trabajo en lugar de elevarlo directamente al tribunal competente para dirimir la disputa.

Para los camaristas, este accionar generó un «conflicto innecesario» que atentó contra la celeridad judicial. Advirtieron que el servicio de justicia no puede quedar supeditado a un «procedimiento deformado» por la voluntad unilateral de uno de los jueces intervinientes, especialmente en una causa de tal trascendencia institucional.

El factor «competencia»: aplicación inmediata

La CGT y diversos sectores gremiales sostenían que, al estar en juego derechos de los trabajadores, la competencia debía permanecer en el fuero laboral. Sin embargo, la Cámara fue tajante: las leyes que modifican la jurisdicción son de orden público y deben aplicarse de inmediato, incluso a las causas que ya están en trámite.

Bajo esta premisa, el tribunal sostuvo que no existe un «derecho adquirido» por parte de los demandantes a ser juzgados bajo un procedimiento específico si la ley determina que el fuero federal es el ámbito natural para que el Estado litigue.

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El dictamen del Fiscal Cuesta: una postura que no prosperó

La decisión de la Cámara se contrapone al análisis previo realizado por el fiscal general Rodrigo Cuesta, quien había dictaminado en favor del planteo de la CGT. En su presentación, Cuesta argumentó que la esencia del reclamo, el cuestionamiento a más de 80 artículos que afectan derechos individuales y colectivos, debía ser analizada por especialistas en derecho del trabajo.

«Las normas cuestionadas se insertan en la materia propia del derecho del trabajo y el planteo de inconstitucionalidad deberá analizarse a la luz de los preceptos atinentes a esa materia», había señalado el fiscal.

Cuesta también había advertido que la transferencia de competencias laborales al ámbito contencioso que prevé la ley 27.802 estaba supeditada a acuerdos de transferencia con la Ciudad de Buenos Aires que aún no se materializaron. No obstante, este criterio fue desestimado por la Sala IV, que priorizó la naturaleza federal del conflicto administrativo.

¿Qué sigue para la CGT?

Con este escenario, la acción colectiva de la central obrera, que denuncia una «degradación en los niveles de protección» y una afectación directa a la libertad sindical, continuará su curso en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12.

Aunque este fallo no se pronuncia sobre si la reforma laboral es constitucional o no, representa un triunfo político y procesal para el Gobierno Nacional, que logra sacar la discusión de un fuero tradicionalmente más receptivo a los reclamos sindicales para llevarlo a un terreno donde se discute, primordialmente, la validez de los actos del poder público.